El 'negocio redondo' de Consuelo Ordóñez de Rincón

Como directora del Área Metropolitana de Bucaramanga quiso obligar a los bumangueses a reciclar para beneficiar a la COOPERATIVA COOPRESER de una empleada de su FUNDACIÓN COHERENCIA, que entre otras cosas, fue la FUNDACIÓN COHERENCIA la encargada de promocionar  e implementar, entre los años 2011 y 2012, la llamada ruta del reciclaje en Bucaramanga, lo que indica que el gobierno de la capital santandereana preparaba desde sus inicios, el rentable negocio de la recolección del reciclaje. Lucro redondo del alcalde Luis Francisco Bohórquez y la cuestionada funcionaria.


Cuando periodicoportada.com, publicó su nota titulada “¿A quién beneficia el proceso de reciclaje por decreto en Bucaramanga?" estaba detrás de todo lo que hay entre telones en el negociado de la recolección del reciclaje e hizo varios interrogantes que ninguno de los funcionarios comprometidos mostraron la cara para responder.

Sin embargo una periodista, Diana Giraldo del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga, logró algunos avances de una investigación que van más allá de las simples recomendaciones que en su momento hizo la FUNDACIÓN COHERENCIA que desde tiempo atrás es cuestionada por el  comportamiento de su propietaria, Consuelo Ordóñez de Rincón, la exsecretaria de Planeación del exgobernador Horacio Serpa Uribe, hoy directora de la oficina llamada Área Metropolitana de Bucaramanga, la misma que emanó un ‘Acuerdo Metropolitano’ viciado de ilegalidad, tal como lo denunció periodicoportada.com.

NEGOCIO REDONDO

De acuerdo con la periodista Giraldo, “al Alcalde y al Área Metropolitana les entró el afán por empezar a reciclar de forma obligatoria”. Claro, ambos, ‘Lucho’ Bohórquez y Consuelo Ordóñez de Rincón, tienen entre manos un jugoso negocio porque la basura, como dicen en la calle, “es plata” y tienen como fundamento de trabajo la FUNDACIÓN COHERENCIA, propiedad de la propia Consuelo Ordóñez y, la Cooperativa de Reciclaje COOPRESER LTDA, gerenciada por Elsa María López de Latorre, “miembro de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN COHERENCIA, la misma cuya presidenta es Consuelo Ordoñez de Rincón, directora del Área Metropolitana”, Fundación que,  según sus Informes de Gestión de los años 2011 y 2012, trabajó en la “Promoción y consolidación de la ruta del reciclaje en el Municipio de Bucaramanga”, por lo que recibió la suma de $76’500.000. (Ver Informe de Gestión 2011) - (Ver Informe de Gestión 2012).

Es decir, la FUNDACIÓN COHERENCIA de Consuelo Ordóñez lideró el proyecto piloto para implementar la ruta del reciclaje y que después su presidenta, esta vez como directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, por medio del Acuerdo Metropolitano 012 de 2013, estableciera este reciclaje como obligatorio, e infirió para que el alcalde ‘Lucho’ Bohórquez, hiciera la misma exigencia a través del Decreto 0096 de 2013, documentos gemelos que solo cambia el encabezado (Nombres de las oficinas de origen).

La FUNDACIÓN COHERENCIA y la Cooperativa de Reciclaje COOPRESER LTDA se han convertido en un carrusel en el que van montados el alcalde y la gerente del AMB para exigirle y amenazar con sanciones inexistentes, el reciclaje al pueblo bumangués a través de un Decreto municipal y un Acuerdo Metropolitano (documentos gemeleados-idénticos) con errores legales.

Elsa María López de Latorre, “miembro de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN COHERENCIA, la misma cuya presidenta es Consuelo Ordoñez, directora del Área Metropolitana”, es esposa de Juan Manuel La Torre, gestor de la Cooperativa de Reciclaje COOPRESER LTDA, trabajador Social, docente y Director General de Regionalización de la UIS, profesor asociado a la Escuela de Trabajo Social de la UIS y, quien hace unos meses lanzó su nombre como candidato a la rectoría de esa universidad, con el apoyo de varios dirigentes políticos, entre ellos Ordóñez de Rincón. Como se observa, el negocio de las basuras es para la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, ‘un negocio es redondo’.

LAS ACTUACIONES DE CONSUELO

Consuelo Ordóñez de Rincón es una profesional, graduada como Economista en la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga donde obtuvo el más alto promedio ponderado de la facultad en el último semestre; especialista en Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá; con estudios, cursos y seminarios sobre temas ambientales y servicios públicos. Docente en programas de especialización en Ingeniería Ambiental y Gerencia Publica.

Cuando fue precandidata del partido Liberal a la alcaldía de Bucaramanga, decía que “soy una mujer técnica que cree que sin la política no es posible lograr ningún tipo de beneficio social y ciudadano. Soy una mujer preparada para trabajar por la gente. Tengo una obsesión por servir a mi ciudad y me identifico con la causa de los que más necesitan al gobierno, para ayudarles a superar la condición de pobreza o desigualdad, no para mantener la perversidad de su condición”.

Sin embargo su comportamiento como funcionaria ha dicho todo lo contrario: "Su interés está en lo personal más no en lo colectivo, tal como lo demostró como secretaría de Planeación del gobierno Serpa y ahora como directora del Área Metropolitana de Bucaramanga", dicen militantes del partido liberal. Parece que a la fecha se le olvidó todo lo que decía ser. Sus actuaciones así lo corroboran, actuaciones que la tienen vinculadas a algunos procesos de tipo penal, administrativo y fiscal, de acuerdo con el trabajo de investigación adelantado por la Contraloría de Santander y las ejecutorias de la Contraloría de Bucaramanga.

En sus comienzos como funcionaria en Bucaramanga ‘pintaba’ como una mujer inteligente y con mucho futuro: En 1998 fue la primera titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Bucaramanga, en el gobierno de Luis Fernando Cote, donde adelantó una buena labor, sin embargo su traspiés como funcionaria comenzó cuando Cote la nombró gerente de la empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB- (entre 1998 y 2000) donde, según las investigaciones de la Contraloría municipal, cometió equivocaciones que llevaron a la EMAB a cobrar tarifas superiores a las establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos.

La investigación fue asumida por la Contraloría de Bucaramanga en el 2010, luego de denuncias hechas por los usuarios, que se mostraron inconformes con el cobro de la tarifa de aseo y por el propio sindicato de la EMAB presidido por Neftalí Osorio, quien aseguró que el cobro irregular del dinero obedeció a un “manejo irresponsable” de la entidad.

La investigación conllevó a que el pasado mes de enero, la Contraloría de Bucaramanga ordenara el embargo de bienes de los integrantes de la Junta Directiva de la Empresa de Aseo Municipal, EMAB en 1998, integrantes entre los que están  Luis Fernando Cote Peña, alcalde de Bucaramanga en ese entonces; Consuelo Ordoñez de Rincón, gerente de la EMAB; Elcy Caballero Ojeda, secretaria de Hacienda de la época; Marco Fidel Durán y José Reyes Peña, también directivos de la entidad. Según la actual Contralora de Bucaramanga, Magda Milena Amado, "los implicados deben devolver $1.500’000.000 a la EMAB, la cual en su momento se vio afectada financieramente, pues tuvo que devolverle el dinero a los usuarios, tras ser sancionada por la Superservicios".

Consuelo Ordóñez de Rincón, desde cuando fue gerente de la EMAB ‘tienen antecedentes con la basura’: Fue acusada de “rebajar las tarifas de recolección de basuras en más de 6.000 predios escogidos aparentemente de modo selectivo, la mayoría de un sector comercial y en los estratos 5 y 6”. El periódico El Tiempo reseñó este antecedente en su edición del 12 de julio de 2001 con el título “Huelen mal rebajas de aseo” (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-437140). En su momento, ella calificó de injusto y temerario el hecho de que la hubieran sindicado de ser la responsable de un aforo que solo benefició a las clases privilegiadas de la capital santandereana: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-423890.

SUS YERROS COMO SECRETARIA DE PLANEACION DE SANTANDER

Lo de la EMAB fue el comienzo de una serie de errores cometidos por Ordóñez de Rincón a lo largo de su actividad como funcionaria pública.

Durante el gobierno de Horacio Serpa Uribe en el departamento de Santander, un alto porcentaje de los contratos y las obras adelantadas carecieron de planeación, hallazgos encontrados por la Contraloría departamental que concluyó que Consuelo Ordóñez es responsable lo que se traduce en investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal por las presuntas actuaciones indebidas.

Dentro de este somero trabajo investigativo, la secretaría de Planeación de Serpa Uribe, se encuentra inmersa en varias investigaciones adelantadas por la Contraloría de Santander y que por la gravedad de los hechos pasaron a manos de la Fiscalía y la Procuraduría. Entre esas presuntas irregularidades cometidas se encuentran:

PRIMERO: Hallazgo penal y disciplinario contra Consuelo Ordóñez de Rincón, al comprobar la Contraloría de Santander, que como secretaria de Planeación del departamento de Santander, suscribió el Contrato de Consultoría 2323 del 31/dic/2009 donde no se evidencia en el Expediente contractual éstos documentos, (documentos extraviados) a lo cual la supervisora establece en su comunicación que “sí estaban, pero dentro del proceso contractual para cada uno de los pagos se solicitó la existencia de ese personal”. En este orden de ideas el equipo auditor se pregunta, ¿cómo se declara admisible la propuesta, sino se contaba con los soportes para declarar que se cumplía? De igual manera, ¿cómo se le declara admisible y se le da puntaje, por la experiencia especifica en proyectos similares del proponente, si ésta allega como experiencia: a) Certificación expedida por la Jefe de Talento Humano de COOPRESER LTDA, en donde se certifica que ella es la gerente y b) convenio Nº 005 de 2007 suscrito entre el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez y COOPRESER LTDA, de la cual ella era la Gerente? Es importante aclarar que la propuesta presentada y declarada ganadora es la de Elsa María López de Latorre y no COOPRESER LTDA, toda vez que se presentó como experiencia la de la persona jurídica que representa, cuando la que se está evaluando es la de la persona natural. Por otra parte, la contratista allega la propuesta por un valor de $42’601.050 más IVA, por valor de $6’816.168, para un total de $49’417.218, valor éste por el cual fue suscrito el Contrato Nº 2323, el día 31 de diciembre de 2009. El día 23 de agosto se realiza un acta modificatoria al contrato, por cuanto el contratista es una persona natural y se encuentra exento y por lo tanto no es responsable de este gravamen, por ello la secretaria de Planeación departamental modifica la cláusula cuarta respecto al valor así “para los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es la suma de $49’500.000”.

En este primer hallazgo está vinculada en investigaciones de tipo penal y disciplinario, Elsa María López de Latorre, la gerente de COOPROSER LTDA., e integrante de la junta directiva de la FUNDACIÓN COHERENCIA, propiedad de Consuelo Ordóñez.

COOPRESER LTDA y Elsa María López de Latorre son las mismas personas, (jurídica y natural) vinculadas en el programa de recolección de reciclaje, que la Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga y el alcalde de la ciudad quisieron imponer a la fuerza a los bumangueses y habitantes de los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

SEGUNDO: “Hallazgo disciplinario contra Consuelo Ordóñez de Rincón, “por el contrato de consultoría 2319 del 31 de diciembre de 2009. Se evidencia claramente que hubo violación al principio de planeación, toda vez que la necesidad se iba a satisfacer en dos (2) meses, pero hubo dos suspensiones y en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, lo que al respecto la Procuraduría General de la Nación se ha referido en los siguientes términos: “el Principio de Planeación es una manifestación del Principio de Economía, consagrado en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. El Principio de Planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…).” En este orden de ideas, se evidencia hallazgo administrativo para la actual administración y un disciplinario para la ex secretaria de Planeación del departamento, los supervisores del contrato y el contratista”.

TERCERO: Hallazgo disciplinario y administrativo contra Consuelo Ordóñez de Rincónen el Contrato de consultoría 2324, 31 de diciembre del 2009. El equipo auditor determina que al parecer hay error de planeación, toda vez que el acta de inicio se firma el día 22 de febrero de 2010, habiéndose suscrito el 31 de diciembre de 2009. La supervisora nos informa que “la Oficina gestora determinó que se iniciaran trabajos una vez estuviera consolidada la reserva de caja para poder cancelar a los contratistas ya que la forma de pago estaba a los quince días posteriores a la iniciación del contrato” por lo cual se estaría incumpliendo el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección. Por lo anteriormente enunciado se estaría vulnerando una norma configurándose hallazgo disciplinario y hallazgo administrativo para la actual administración, que se requiere implementar un real, serio y compromiso por los supervisores atendiendo la ley 1474 del 2011”.

CUARTO: Hallazgos disciplinario, fiscal y penal contra Consuelo Ordóñez de Rincón: “El auditor, después de un detallado análisis determina que  presuntamente en los contratos de consultoría Nº 2319 y 2324 de la misma fecha, 31 de diciembre de 2009, se ejecutó el mismo objeto contractual con las mismas actividades, pero con dos (2) contratistas diferentes, para lo cual se presenta un análisis comparativo de los mismos”.

QUINTO: Hallazgo disciplinario contra Consuelo Ordóñez de Rincón: “Convenio de Asociación 1171 del 2009. En el convenio se estipuló en la cláusula sexta. Forma de pago: un primer desembolso del 80% del valor del convenio, una vez se suscriba el acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del convenio y un segundo  desembolso del 20% restante a los 75 días calendario contados a partir del acta de inicio. No se evidencia ningún tipo de documento pos contractual, lo que impide realizar la verificación fiscalizadora”.

SEXTO: Hallazgo disciplinario y penal contra Consuelo Ordóñez de Rincón: “Contrato de consultoría 2320 del 31 de diciembre de 2009. Se evidencia claramente que hubo violación al principio de planeación, toda vez que la necesidad se iba a satisfacer en dos (2) meses, pero hubo dos suspensiones y en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud  del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, lo que al respecto la Procuraduría General de la Nación se ha referido en los siguientes términos: “el Principio de Planeación es una manifestación del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…).” Basado en las anteriores apreciaciones se configura hallazgo  disciplinario y penal para la ex secretaria de planeación, el supervisor, el contratista y administrativo para la actual Administración con el fin de implementar la acción correctiva”.

SÉPTIMO: Hallazgo disciplinario contra Consuelo Ordóñez de Rincón: “Contrato de consultoría 2181 del 29 de diciembre de 2009. No se evidenció la copia de la libreta militar, trasgrediendo el literal a. del art. 36 de la ley 48 de 1993 que señala “a las entidades públicas le corresponde la obligación de verificar el cumplimiento de la situación militar “cuando se celebren contratos con cualquier entidad pública”. Por otra parte, se presenta falta de planeación en éste contrato de consultoría, ya que fue suscrito el día 29 de diciembre de 2009 y solo empezó su ejecución el día 5 de abril de 2010, por lo cual se estaría incumpliendo el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección. En este sentido se configura un hallazgo disciplinario a la ex secretaria de disciplinario y administrativo para la actual administración”.

OCTAVO: Hallazgo disciplinario, fiscal y penal contra Consuelo Ordóñez de Rincón: “Contrato interadministrativo 1059 de fecha 14 de septiembre de 2010. En los estudios previos y en la invitación, se establece el Presupuesto oficial por valor total de $1.700’000.000, sin que se describa en este valor estimado factores importantes y determinantes como era la experiencia requerida por el equipo de trabajo, ni un número mínimo ni un máximo de años en experiencia general o específica, solo se señala que “deben contar con la experiencia necesaria acorde a la magnitud e importancia de cada proyecto a diseñar, la competencia de cada profesional debe ser presentado por el contratista y previamente aprobado mediante hallazgo disciplinario, fiscal y penal: “Acta por un comité de control de calidad que se conforme, del cual hará parte entre otros, el secretario de planeación departamental y el supervisor de los estudios”. En el expediente contractual no reposa la aprobación del acta mencionada. No se evidencia en el expediente contractual informe alguno sobre la auditoría técnica ejercida por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, en el control de calidad de los proyectos y en general por velar por el cumplimiento del mismo, para lo que se le estableció un costo de $96’800.000, incluido en el presupuesto oficial. Ahora bien, al realizar un cuadro comparativo sobre los honorarios de los profesionales Aportados a la ejecución de este contrato interadministrativo y teniendo como referencia la experiencia solicitada en procesos  similares de la secretaría de planeación departamental, además de tener en cuenta los topes establecidos en la resolución Nº 747 de 1998 expedida por el Ministerio de Trabajo en la que se “establecen las tarifas máximas para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los Contratos de Consultoría, para la vigencia 2010”, al parecer se evidencia que existe sobre sobrecostos para cada uno de los profesionales aportados, según se especifica en el cuadro relacionado en el informe”.

Los anteriores hallazgos contra la hoy directora de la oficina llamada Área Metropolitana de Bucaramanga, están consignados en el INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Nº 000117 de 2012. (Ver documento).

Y… HAY MÁS

Ya en el 2005 como empleada de la UIS “…la investigadora Consuelo Ordóñez de Rincón, quien lideró un estudio de la Universidad Industrial de Santander (UIS) para definir un plan de gestión de residuos para el Área” Metropolitana". http://unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/Actualidad-UNAB/Desarrollo?codigonoticia=179&envia=PCOM.

Esto significa que la hoy directora de la AMB, viene desde tiempo atrás, tras las huellas de las basuras, no solo de Bucaramanga sino de los otros tres municipios que conforman el Área Metropolitana de la capital santandereana.

El periódico La Reforma de Bucaramanga, tituló uno de sus artículos "Consuelo, la dama 'súper poderosa' del Área" y señalaba: “Hoy por hoy la doctora Consuelo Ordóñez de Rincón representa todo los vicios de la politiquería y el clientelismo que carcomen nuestra sociedad”, aseguran observadores de la situación administrativa de Bucaramanga.
http://www.lareforma.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=816:consuelo-la-dama-super-poderosa-del-area&catid=34:malaga&Itemid=27

Sin contar con los contratos que la entonces secretaria de Planeación de Santander, Consuelo Ordóñez de Rincón, le adjudicó y firmó a su FUNDACIÓN COHERENCIA, a ‘grosso modo’ este es el historial que muestra la Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, quien hoy es “figura local de Bucaramanga” no por sus actuaciones ceñidas a la lLey y en beneficio de la comunidad, sino por sus actividades dudosas sobre el manejo del reciclaje de basuras, trabajo entregado a una de sus empleadas de la FUNDACIÓN COHERENCIA, (Elsa María López de Latorre) a través de la Cooperativa de Reciclaje COOPRESER LTDA, la misma a quien, cuando era secretaria de Planeación de Santander, le adjudicó un contrato como persona natural aprovechándose de la experiencia de COOPRESER LTDA., (persona jurídica) contrato que las tiene ante la justicia penal.

Hoy la comunidad bumanguesa se hace la misma pregunta de la noticia publicada por periodicoportada.com hace unas semanas: "¿A quién beneficia el proceso de reciclaje por decreto en Bucaramanga?", a la que se le debe agregar las lanzadas por la periodista Diana Giraldo: ¿Quién se está quedando con estos dividendos? ¿Acaso el municipio está recibiendo alguno de estos ingresos?

Y como lo dice la comunicadora social: “alguien debe estar incrementando sus ingresos, pues ahora toda una ciudad recicla para que ese alguien pueda comercializar el reciclaje. Preguntamos: ¿Quién será ese alguien?


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