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Publicado el 1 de julio de 2013
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Puerto Wilches: Entre la inmundicia y la corrupción
(Segunda Parte)


Mientras el pueblo nada en aguas estancadas, calles destruidas y olores nauseabundos, pequeños Carteles de la Contratación hacen de las suyas con el presupuesto municipal; a la par, el Alcalde oculta los procesos licitatorios y contractuales, no atiende a la comunidad, dilapida las regalías petroleras y permanece más en Bucaramanga que en el Municipio.


En esta segunda entrega conoceremos la suerte de la niñez e irregularidades en la contratación oficial por parte del Alcalde de Puerto Wilches, Nelson Pinzón Rodríguez.

NIÑEZ ABANDONADA

El Alcalde de Puerto Wilches, Nelson Pinzón Rodríguez, no cumplió en el 2009 con las coberturas mínimas en mortalidad infantil, acueducto y alcantarillado; tampoco priorizó las inversiones a estos rubros y por el contrario, ejecutó gastos en proyectos atomizados y de bajo impacto social en el rubro denominado “Otros Sectores”.

En este aspecto, el Municipio destinó el 66,2% en ‘Coberturas Mínimas’ y el 28,8% en “Otros Sectores”, con lo que incumplió los niveles de inversión que exige la Ley 756 de 2002 en su  Artículo 14, con lo que afecta la calidad de vida y bienestar social de los habitantes de la jurisdicción.

Según la Ley 1283 de 2009 en su Artículo 1, obliga a los Municipios a destinar, como mínimo, el 1% de los recursos de regalías “a Proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria para lo cual suscribirán convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-“., sin embargo, el Municipio de Puerto Wilches no apropió los recursos para estos fines, ni suscribió Convenio alguno con el ICBF, debido a la ‘torcedura de cuello’ que ese Gobierno le hace a la planeación estratégica y la ejecución del Presupuesto, lo que va contra la calidad de vida y bienestar social de los wilchenses y de paso contraviene los objetivos propuestos por el Gobierno nacional con recursos de Regalías. Esta investigación debe ser adelantada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, pues existe un presunto hallazgo disciplinario.

La misma Ley 1283 de 2009 en su artículo 1 establece que “… Mientras las entidades municipales no alcancen coberturas mínimas en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, asignarán por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus participaciones para estos propósitos. En el Presupuesto anual se separarán claramente los recursos provenientes de las regalías que se destinen para los anteriores fines.”

Aun cuando el Municipio no cumple las coberturas mínimas en mortalidad infantil, acueducto y alcantarillado, el Alcalde Pinzón Rodríguez no priorizó el gasto hacia los sectores que exige la Ley y por el contrario ejecutó gastos en exceso del permitido en otros sectores.

NO PUBLICA SUS ACTUACIONES

Como una manera concordante entre lo antes denunciado y sus actuaciones, el Alcalde Pinzón ha omitido en reiteradas oportunidades el deber legal de dar publicidad a los procedimientos y actos asociados a los Contratos de menor y mayor cuantía suscritos por la entidad, no solo  durante la vigencia 2009 sino a través de su presencia como Alcalde, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP; en flagrante violación a los principios de ética pública como transparencia, igualdad, equidad, publicidad, entre otras, sustituye esta obligación mediante la publicación de algunos actos en carteleras de la entidad omisión que limita el libre acceso a la información y participación de los posibles proponentes.

De igual manera la Administración municipal de Nelson Pinzón Rodríguez durante el 2009 no cumplió con la publicación de los contratos COP-002 y COP-074 en la Gaceta municipal, lo que no dejó que el Municipio percibiera ingresos por $1’800.000, situación que sucede por falta de diligencia e irresponsabilidad del actual Gobierno local para establecer, de manera oportuna, instrumentos efectivos de publicidad de los contratos. En ese Gobierno, el 96% de los procesos de contratación durante el 2009, se llevaron a cabo con un solo proponente, con lo que vulneró los principios de pluralidad, transparencia y libertad de concurrencia. Este hecho tiene presuntos  alcances fiscal y disciplinario, investigaciones que corresponden ser tomados por la Contraloría y la Procuraduría.

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