Un reciente Informe sobre los Derechos Humanos, deja a Colombia mal parado ante el mundo. El estudio realizado por el Proyecto Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, revela que el país es considerado el segundo en el mundo con mayor población internamente desplazada, donde se estima que cerca de 4 millones de personas “han sido desplazadas contra su voluntad, lo que equivale casi al 9% de la población nacional”.

Además, Colombia es el segundo país en la región “con mayor desigualdad en la distribución del ingreso”, alcanzando un coeficiente de Gini de 0.576. El diseño del régimen tributario es claramente regresivo, haciendo énfasis en los impuestos indirectos de la población con bajo nivel de pago y la extensión de las exoneraciones a los tributos de los sectores de mayores ingresos.

Las reformas al régimen de transferencias (acto legislativo 01 de 2001 y acto legislativo 011 de 2006) agudizaron, según el Informe, la situación al reducir drásticamente el monto de los recursos destinados a salud, educación y agua potable. En 2005 la reducción significó un 0.6% del PIB, en 2006 un 1.1% del PIB, mientras en 2007 se estimó una pérdida del 1.3% del PIB, lo que muestra una regresividad sostenida en la destinación de los recursos en salud, educación y agua potable. Se calcula que en el periodo 2008-2016 se dejará de invertir entre 66.2 y 76.6 billones de pesos en estas materias.

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

De acuerdo con los datos oficiales un 27,7% de la población presenta necesidades básicas  insatisfechas. El 40.8 % de los hogares colombianos padece inseguridad alimentaria, más del 20% de niños y niñas menores de cinco años muestran desnutrición; el 63.7% de la población tiene deficiencias energéticas y el 36 % deficiencias proteínicas.

El mayor foco de necesidades básicas insatisfechas en Colombia, se encuentra entre la población de raza negra que habita los Departamentos de Chocó, Cauca y Región Caribe.

La tasa de analfabetismo es de 8.6%. Se calcula que un 20% de la población joven (2.509,257 niños, niñas y jóvenes) está por fuera del sistema escolar.

Apenas el 34,1% de la población de 5 a 17 años de edad disfruta del derecho pleno a una educación de calidad9. Colombia es el único país latinoamericano donde la educación primaria no es gratuita.

EL PRECARIO SISTEMA DE SALUD

Tras una década y media de aplicación del sistema de salud, el balance de su aplicación es negativo.

El sistema de salud se ha dividido en dos regímenes principales de atención: Un régimen contributivo ligado a las posibilidades de empleo y de ingresos que funciona bajo la lógica del mercado y, un régimen subsidiado, orientado a personas pobres que no pueden acceder al mercado, que funciona gracias a un subsidio estatal. Cada Régimen tiene Planes Obligatorios de Salud distintos, teniendo el régimen subsidiado un plan de beneficios de menor alcance, por lo que la población afiliada a él recibe una atención con menores beneficios y calidad.

El régimen contributivo, al basarse en el empleo formal, genera barreras de acceso en una economía con contratos informales y precarizados en ascenso; mientras para los trabajadores informales su salud significa un pago total del 12.5% de su ingreso devengado, para los trabajadores formales implica un 4%, ya que el resto lo asume el empleador. Adicionalmente, el pago para los trabajadores independientes es el mismo sin importar su nivel de ingresos, lo que evidencia una desigualdad que golpea duramente a los trabajadores con menores salarios. Además, en caso de perder sus empleos, estos trabajadores pierden su afiliación al régimen contributivo tras tres (3) meses de no sufragar el pago; estos trabajadores también tienen dificultades para trasladarse al régimen subsidiado, pues usualmente no son reconocidos como población pobre candidata al subsidio en salud.

Por otro lado, además del pago mensual, para acceder al servicio de salud se requiere el pago de otros rubros que oscilan entre U$ 1 y U$ 8 mensuales ($1400 y $16000); algunos estudios señalan que la falta de dinero es la principal causa de no uso de servicios por la población no cubierta y la segunda causa de la población El régimen subsidiado parte de una visión asistencialista, basada en subsidios a la demanda, y excluyente al focalizarse en los más pobres dentro de los pobres. Este régimen no contiene ninguna proyección basada en la progresividad del derecho a la Salud, sino que funciona como factor residual al mercado.

Por otro lado, la selección de los beneficiarios se realiza mediante una encuesta (llamada SISBEN),
que presenta un filtro injustificado al basarse en indicadores de Calidad de Vida y no en niveles de pobreza, lo que excluye de plano a muchas personas pobres del sistema de salud.

Una de las principales falencias del sistema radica en su marcado énfasis en el aseguramiento individual, lo que ha conllevado un debilitamiento estructural del régimen de salud pública en el país, lo que se comprueba con el deterioro de la red hospitalaria, pues desde 1993 más de un 80% de su capacidad instalada ha sido cerrada o reestructurada por su baja viabilidad financiera. En ese sentido, el crecimiento del aseguramiento individual (cobertura) no implica un crecimiento en las oportunidades concretas para gozar de una atención integral a la salud, ni en el goce efectivo del derecho. La pretensión de maximización de ganancias propia de las empresas privadas que prestan los servicios de salud, conlleva prácticas que inciden negativamente en la calidad de la atención: Reducen gastos en personal médico, en laboratorios y en medicamentos; evitan diagnósticos que obliguen a tratamientos de las enfermedades, o prescriben los tratamientos más baratos así estos resulten inconvenientes para los pacientes. Esta situación se evidencia en las encuestas de percepción dirigidas a los usuarios del servicio.

Las precariedades del sistema de salud tienen graves efectos en materia de salud pública. Los índices de mortalidad materna equivalen a 79.8 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos, cifra similar a los niveles presentados en 1985, cuando el índice era igual a 80.6 decesos. La lucha contra la tuberculosis muestra un bajo impacto al mostrar tasas de detección del 31,4% frente a una meta del 70%, y tasas de curación del 60 ante una meta del 85%. También preocupa el aumento del índice de niños con bajo peso al nacer, que ha pasado de 7.3% en el 2000 a 8.4% en el 2006.

EMPLEO Y ARRENDAMIENTOS: DOLORES DE CABEZA

La violación de los derechos del mundo del trabajo tiende a acentuarse. En materia de desempleo
Colombia alcanza un 11.6% de desocupación, por encima del promedio en la región, equivalente al
8%. El Estado no ha desarrollado una política pública dirigida a la creación de empleo, mientras el trabajo decente es cada vez más escaso.

El Estado colombiano no tiene una política pública de empleo. En contraste, por iniciativa del Gobierno se han aprobado normas claramente regresivas para las personas que trabajan. Como consecuencia de la aplicación de la Ley 789 de 2002, trabajadores y trabajadoras disminuyeron drásticamente sus ingresos, debido al recorte de los pagos de horas extras, festivos, dominicales y recorte de la jornada nocturna.

Colombia cuenta con uno de los porcentajes de arrendatarios más alto de la región, ya que un 36.7% de la población habita viviendas de alquiler.  Frente a la seguridad jurídica de la tenencia, una de cada dos viviendas está afectada de ilegalidad por carencia de títulos o por el incumplimiento de normas urbanísticas. Otro problema persistente radica en la práctica de los desalojos forzosos, a pesar de estar prohibidos por el derecho internacional; los desalojos son realizados como procedimientos de Policía que muestran altos niveles represivos contra las familias desalojadas. Estos procedimientos son el resultado de las difíciles condiciones financieras a las que se someten las familias que no pueden pagar sus inmuebles, siendo desalojadas a la fuerza tras decisiones judiciales.

Entre enero de 2000 y octubre de 2007, fueron rematados judicialmente 2.287 inmuebles correspondientes a vivienda de interés familiar, lo que muestra la magnitud del problema y el incumplimiento de gastos soportables como componente del derecho a la vivienda.

En la actualidad el déficit cuantitativo de viviendas, es decir la carencia de casas suficientes para albergar a los hogares, es de 1,76 millones de hogares, un 14.79% del total11. En cuanto a déficit cualitativo se refiere, un 29.6% de las viviendas carece de servicios públicos básicos, mientras un 19% de las construcciones presenta precariedad de materiales.

A pesar de la explícita prohibición de los desalojos forzosos en el derecho internacional, esta práctica sigue siendo reiterada, particularmente contra familias que han adquirido deudas hipotecarias con el sistema bancario.

La concentración de la propiedad de la tierra es muy alta y tiende a acentuarse. El 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% del Área Predial Rural, mientras el 57.87% de los propietarios, tiene apenas un 1.66% de la tierra. Pese a la Recomendación formulada por el Comité del Pacto relacionada con la realización de una reforma agraria, en Colombia se consolida una contrarreforma agraria con la combinación de medios legales e ilegales.

ATAQUES A SINDICALISTAS

Otro hecho preocupante y que es herencia del asado Gobierno nacional, tiene que ver con la persecusión al sindicalismo.

El Informe revela que Colombia “es el país con el mayor número de crímenes contra personas afiliadas a sindicatos”. Durante los últimos 22 años han sido asesinados 2667 sindicalistas. En cuanto a homicidios se refiere, se calcula que el aumento de las muertes de sindicalistas entre abril y mayo de 2007 y abril y mayo de 2008 es igual al 71.4%.