En un presunto tráfico de influencias, aprovechándose del cargo como Secretario del Interior, pudo haber incurrido el candidato del Partido Liberal, Luis Fernando Cote Peña, para favorecer a uno de sus hermanos.

La información fue conocida por este medio a través de su Unidad Investigativa, que encontró extraño que en dos años consecutivos, Marco Sergio Cote Peña hermano de hoy candidato, firmó sendos contratos con el mismo objeto.

PRIMER CONTRATO

El Contrato 839 fue firmado el 29 de enero de 2010 por Marco Sergio Cote Peña, donde el contratista se comprometía para con las UTS, “a prestar servicios profesionales en ingeniería civil para coadyuvar a desarrollo del proyecto ampliación de la sede de las Unidades Tecnológicas de Santander”. El valor de este Contrato ascendió a la suma de $55’000.000.

Para la época en que fue firmado este documento, el hoy candidato a la Gobernación, Luis Fernando Cote Peña, era Secretario del Interior del Departamento de Santander, de donde las UTS son una entidad dependiente.

SEGUNDO CONTRATO

El Contrato103-11, cuyo valor es de $12’222.222 y su objeto es: “el contratista se compromete para con las UTS a la prestación de servicios profesionales en ingeniería civil para coadyuvar al desarrollo del proyecto ampliación de la sede de las Unidades Tecnológicas de Santander”. Idéntico al anterior Contrato.

TRÁFICO DE INFLEUNCIAS

La presencia de Marco Sergio Cote Peña como contratista de las Unidades Tecnológicas de Santander, en momentos en que su hermano Luis Fernando era funcionario del Gobierno departamental, “es a las claras la tipificación de un tráfico de influencias y un conflicto de intereses por parte del entonces Secretario del Interior, quien utilizó su cargo interesado en influenciar la contratación de su hermano en una entidad que es del resorte de la Gobernación de Santander y que está dirigida por Óscar Omar Orozco, quien fue Secretario Privado del hoy candidato a la Gobernación Luis Fernando Cote, cuando fue Alcalde de Bucaramanga, en el periodo 1988-1990”, dijeron al Periódico Portada, Abogados especializados en la parte del Derecho Penal.

A LA VISTA DEL GOBERNADOR

Este presunto tráfico de influencia y conflicto de intereses cometido por el candidato a la Gobernación en su época de funcionario público, como lo señalan los Abogados consultados, fue ejecutado a la vista del Gobernador Horacio Serpa Uribe quien no hizo pronunciamiento alguno sobre un acto que va en contra del Código Único Disciplinario y el Código Penal, así como de distintas Leyes que enmarcan la conducta que deben presentar los funcionarios públicos en Colombia.

Para los Abogados consultados, la Fiscalía y la Procuraduría Regional de Santander “deberían asumir de oficio, en lo penal y en lo administrativo las investigaciones relacionadas con este hecho que desdice la imagen del actual Gobierno seccional y pone en entredicho el comportamiento idóneo que debe tener un funcionario público”. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estos dos Entes de control en el Departamento, se dan por aludidos ante la violación de la Constitución Política y normas legales.