►"La figura de Urgencia Manifiesta es mal usada por las entidades públicas para hacerle el quite a las Licitaciones", advirtió la Contraloría General de la República (CGR) en el marco de un Foro sobre el río Magdalena realizado en Barranquilla. Citó como ejemplo a la Corporación Autónoma Regional del Río Magdalena (Cormagdalena) donde durante el 2008, a través de esa figura, ejecutó contratos por $46.264 millones, 81.2% de la contratación total de la entidad que fue de $57.000 millones. Algunos de esos contratos aún son una duda en el Magdalena Medio.

La entidad funciona como empresa industrial y comercial del Estado, sometida a las reglas de las sociedades anónimas en lo previsto por la Ley, con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotada de personería jurídica propia.

El objeto social de Cormagdalena es la “recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación de tierras, la generación y distribución de energía, el aprovechamiento y preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables del río Magdalena”.

Sus recursos provienen del Fondo Nacional de Regalías (10% de la apropiación anual) según el Artículo 30 de la Ley 141 de 1994; del Presupuesto General de la Nación (a través del Ministerio de Transporte); Ecopetrol que desembolsa una suma anual a título de compensación, entidades territoriales o cualquier otra entidad pública o privada, créditos y recursos propios.

La entidad incluye en su jurisdicción a 127 Municipios ribereños en áreas comunes de 13 Departamentos y 15 Corporaciones Autónomas, desde el nacimiento del río Magdalena, en el macizo colombiano, hasta la desembocadura en Barranquilla y Cartagena a través del Canal del Dique; además, hacen parte de la Corporación los Municipios de Victoria (Caldas), Majagual, Guaranda y Sucre (Sucre) y Achí (Bolívar).

FALLAS ADMINISTRATIVAS

Cormagdalena ha tenido falencias en la gestión que no han permitido la distribución oportuna de los recursos de regalías, tal como ocurrió en el 2003 cuando la entidad no presentó viabilizados, los proyectos que debía financiar el Fondo Nacional de Regalías en el plazo establecido por la Ley, lo que provocó que no se hiciera ninguna apropiación con destino a Cormagdalena en la citada vigencia.

También han sido evidentes fallas notorias en el proceso de planeación de la inversión debido a una deficiente gestión de proyectos. Esos errores hace evidente el deterioro operativo de la Corporación.

Cormagdalena cuenta con un Banco de Proyectos para recibir las propuestas de Departamentos y Municipios, sin embargo, han sido detectadas fallas a nivel de competencia del referido Banco debido a que no cuenta con el personal idóneo para el cumplimiento eficiente de su labor; la aprobación de las iniciativas presentadas debe estar a cargo de un Comité Técnico Interdisciplinario, sin embargo esa labor es realizada por un grupo de pasantes del Sena y estudiantes de pregrado, que entrega sus 'veredictos' al Jefe del Banco de Proyectos para su aprobación con el visto bueno del Jefe de Planeación, tal como en su oportunidad lo denunció la Contraloría General de la República. En líneas generales, según la Contraloría, “Cormagdalena desconoce el impacto de las inversiones que adelanta en su jurisdicción, en especial, las relacionadas con aquellas que delega en otras instituciones”.

SUS MENTIRAS

Según la entidad, se ha garantizado la navegabilidad desde Puerto Berrío hasta Barranquilla, y por el Canal del Dique hasta Cartagena, sin embargo esa navegabilidad (sólo 631 kilómetros que  representan el 41 por ciento del total longitudinal del río -1550 kilómetros-) es garantizada en épocas invernales, cuando el río se desborda, sale de su cause y provoca grandes tragedias sociales entre las poblaciones ribereñas.

La desidia, imperó en Cormagdalena durante la administración del Ingeniero Horacio Arroyabe Soto que sometió al puerto de Barrancabermeja a una sedimentación permanente, pese a que allí en años anteriores, hacían presencia dos dragas sin laborar, con trabajadores que vivían en dos casas flotantes.

Cormagdalena ejecuta, de manera directa, los proyectos de navegación, actividad portuaria, su fortalecimiento institucional y operativo, por lo que controla los procesos de selección y a adjudicación de contratistas.

En su momento, el Senador santandereano Alirio Villamizar Afanador denunció que la corrupción y la politiquería “van a secar y acabar con el río Grande de la Magdalena”.

El Congresista demostró con documentos, en un debate en la plenaria del Senado cómo esa entidad utilizaba recursos que debían ser invertidos en la recuperación del río, para contratar con universidades, corporaciones, empresas de servicios públicos y hasta fundaciones, sin que estas cumplieran el objeto del contrato, como ha ocurrió en el año 2008 en el Municipio de Puerto Wilches. El Parlamentario Villamizar Afanador denunció también la triangulación de recursos que ejecutaba Cormagdalena para evadir la Ley 80 (Ley de Contratación Oficial), sin que se cumpliera la iniciativa de recuperar la navegabilidad del más importante río de Colombia.

LA DENUNCIA DEL MINISTRO

Juan Lozano, Ministro de Medio Ambiente y Vivienda, dijo durante su visita a Puerto Wilches (2008) que la entidad encargada del mantenimiento del río Magdalena no realizó en el último año el dragado que debía hacerle en ese sector.

De acuerdo con las denuncias de algunos funcionarios de la Alcaldía y habitantes del Municipio, el Ministro señaló que la draga estuvo cuatro meses fondeada frente a Puerto Wilches sin que se realizara alguna labor de remoción de sedimentos.

Agregó que para el dragado y la protección de las orillas en ese sector del Magdalena existieron contratos por $3 mil millones que “no se supieron invertir”, sobre todo en los Corregimientos de La Curumuta y Sitio Nuevo, donde el río pasó por encima el terraplén.

Reiteró el funcionario, que la situación era muy crítica porque incomunicó por carretera a Puerto Wilches con el resto del Departamento y el país.

Tras realizar un sobrevuelo por el área rural, el Ministro afirmó que el Municipio estaba  inundado en más de un 30 por ciento, lo que provocó problemas de abastecimiento de alimentos mientras que la gente dormía en las calles, pues la mayoría de las casas del perímetro urbano estaban inundadas.

CONTRATOS DE FAMILIA

Cormagdalena, representada por su Director General, Horacio Arroyabe Soto, firmó, con fecha 13 de febrero de 2008, a través de la figura de Urgencia Manifiesta el contrato conjunto (para hacer seis obras en distintos sectores del río Magdalena) Nº 0-0002-2008 con la empresa 'Control de Inundaciones del Departamento del Atlántico' por valor de 14.569'100.000 “incluido el valor del IVA”, por el término de 14 meses.

El objeto de los trabajos que tenían que ver con Puerto Wilches señala: “Construcción de obras de protección contra erosión e inundación en Vijagual Municipio de Puerto Wilches-Departamento de Santander-, por un valor de $3.441.500.000 incluido el valor del Iva”.

La empresa contratista, 'Control de Inundaciones del Departamento de Atlántico' está conformada por las entidades Valco Constructores y Constructores Limitada, ambas entidades con sede en Bucaramanga propiedad de los hermanos Ricardo y Mario  Valderrama Cordero, éste último actúa como representante legal de la firma contratista.

Pero antes, el 27 de diciembre de 2006, para comenzar trabajos en el 2007, el mismo Mario Valderrama Cordero en representación, del Consorcio 'Inundaciones Curumutas', conformada por las empresas Contructora VC Limitada, Pavigas Limitada, Valco Constructores y Consultores Limitada, estas dos últimas identificadas por el mismo Número de Identidad Tributaria (NIT 900.010.332-8), había firmado un primer Contrato, el  0-0102, con duración de cuatro meses, para el “diseño y construcción de obras para el control de inundaciones en los sectores de Las Curumutas, Sitio Nuevo y Carpintero Municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander” por valor de $2.743.243.528 incluido el Iva.

En el sector de Las Curumutas, la empresa contratista se comprometió a la “construcción de dique con material de préstamo lateral para proteger el sector y la zona rural localizada hacia el norte del municipio”.
En la población de Sitio Nuevo, la obra consistía en la “construcción, realce y readecuación de un dique perimetral con material de préstamo lateral para proteger el casco urbano, y construcción de un sistema de drenaje de aguas lluvias con sistema de evacuación de las mismas”.

Y en la población de Carpintero, se ejecutaba la “construcción, realce y readecuación de un dique perimetral con material de préstamo lateral para proteger el casco urbano, construcción de un dique en concreto reforzado ubicado sobre el frente de la población, y construcción de un sistema de drenaje de aguas lluvias con sistema de evacuación de las mismas”.

Según la denuncia del Ministro Lozano, los dineros contratados en esa oportunidad “no se supieron invertir, sobre todo en los Corregimientos de Las Curumutas y Sitio Nuevo, donde el río pasó por encima el terraplén”. Allí, según el Gobierno local y la comunidad, “el muro quedó mal construido”, pues su altura no está acorde con las necesidades para lo que fue contratada la obra, lo que permitió que con facilidad fuera superado por las aguas del río para provocar la inundación casi total del casco urbano de Puerto Wilches, cosa que no se veía hace 30 años; ahora, el mismo muro que “quedó mal construido” no permite que las aguas regresaran al cause del río.

Según el Pliego de Condiciones para la ejecución de la obra, “La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del contratista”. El mismo Pliego de Condiciones, se debía verificar “en campo la cota de corona propuesta en el diseño contra la cota de inundación observada en el lugar del emplazamiento” y exigía “considerar la cota de la corona 0.30 m (30 centímetros) por encima de la cota de inundación”, con el fin de que las aguas no superaran el dique y penetraran al Municipio, como fue lo que ocurrió.

DENUNCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La preocupación por el posible despilfarro de recursos por parte de Cormagdalena, a través de las Urgencias Manifiestas, llevó a que  el Contralor Delegado en Infraestructura Física y Telecomunicaciones, César Torrente Bayona, de la Contraloría General de la República denunciara hace poco en Barranquilla que la figura de la urgencia manifiesta “está siendo mal usada por las entidades públicas para hacerle el quite a las licitaciones” y citó como ejemplo a la Corporación Autónoma del Río Grande la Magdalena (Cormagdalena).

Esta entidad durante el 2008 a través de la urgencia manifiesta utilizó recursos por el orden de los $46.264 millones, un 81,2% de la contratación de esta Corporación que fue de $57.000 millones. Esos dineros se concentraron en 12 contratos para la ejecución de obras a lo largo de la cuenca más importante del país.

Según Torrente Bayona, Cormagdalena abunda en el uso de la figura de Urgen la Manifiesta al punto que muchos contratos no se ajustan a la normatividad legal para su declaratoria.

La Contraloría encontró que según estudios de la Universidad Nacional y del Ideam, la Corporación había estado avisada cinco meses antes, en el primer caso, y seis meses antes, en el segundo caso, de la problemática de inundaciones que podrían surgir por las condiciones del invierno, sin que hubiera tomado medidas para evitar los problemas suscitados a lo largo de 2008.

Según el ente de control nacional, “no son pocas las Urgencias Manifiestas que se han decretado con el pretexto de conjurar emergencias”; la opinión del Contralor Delegado de la CGR es que estas decisiones obedecen más a una deficiente planeación que a una clara fuerza mayor.

Ante este hallazgo, el Contralor General Julio César Turbay Quintero ha enviado un memorando a todos los ordenadores del gasto público a nivel nacional, recomendándoles tener cuidado con esta figura, que solo puede darse cuando se trata de situaciones imprevisibles e irresistibles.

URGENCIAS MANIFIESTAS PARA UNA FAMILIA

Luego de la denuncia hecha por la Contraloría General de la República en Barranquilla, el Periódico Portada se dio a la tarea de

conocer más sobre las llamadas Urgencias Manifiestas a lo largo de 2008 en Cormagdalena  y encontró que de los $46 mil millones gastados a través de esa figura, la entidad cuestionada le entregó, por lo menos el 53 por ciento de esos $46 mil millones, a empresas de Bucaramanga, propiedad de los hermanos Valderrama Cordero.