► Después de quedar sin piso un preacuerdo entre Gobierno local y Policía Metropolitana, la capital de Santander ‘debe ser más viable en materia vial’.

Mientras el Gobierno local y el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga estaban de acuerdo con que los uniformados controlaran el tránsito vehicular, la Dirección General de la institución policial en Bogotá se ‘atravesó’ en la idea y dejó sin piso el acuerdo que ya había sido suscrito.

La determinación del General Óscar Naranjo, ajustada al Código Nacional de Tránsito, le dio un espaldarazo a algunos Concejales que veían inviable la decisión, pues la Policía no está para el control del tráfico automotor al interior de ciudades donde existen entidades para ese fin.

“Los agentes policiales no están autorizados para cumplir una doble función como la de la vigilancia y la del control de las congestiones de la ciudad”, aclaró el Director General de la Policía, al acogerse a la Ley 1310 de 2009 y al Artículo 6º de la Ley 769 de 2002, llamado Código Nacional de Tránsito, que señala que serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: “Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los Municipios donde no hay autoridad de tránsito” y, “las Secretarías municipales de Tránsito dentro del área urbana de su respectivo Municipio y los Corregimientos”; como en Bucaramanga existe una Dirección local de Tránsito, ninguna otra autoridad puede ejecutar esas funciones. De haberse aprobado el Convenio, quienes lo suscribieron estaban al borde de verse  inmiscuidos en actos punibles al tenor de los Códigos Penal y Único Disciplinario, pues la Policía nacional, con su cuerpo especializado de carreteras “Le corresponde el control de las normas de tránsito y la aplicación del Código Nacional de Tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos”.

REACCIONES

En la ciudad, quienes conocen las normas de tránsito, estuvieron de acuerdo con ‘revocar’ el Convenio. El Concejal del PIN, Celestino Mojica sostuvo que con el  Convenio “iba a quedar en vilo la seguridad de la gente, toda vez que los uniformados estarían más pendientes de controlar la congestión, que de proteger la seguridad de los bumangueses”; considera que “mandar a los Policías a frenar congestiones, de manera literal, les hubiera dejado la vía libre a los delincuentes para que actuaran a sus anchas, sobre todo en diciembre”.

Por su parte la Concejala Martha Motntero denunció que a los alféreces “los están poniendo a hacer labores distintas a sus funciones, de conductores, de oficinistas, hay un número inmenso con novedades médicas, en fin, no podemos exigir eficiencia si estos funcionarios que tienen una capacitación especializada son relegados por sus propios superiores”.

ÚNICA SOLUCIÓN: MÁS ALFÉRECES

“La Policía no encontró razones, ni legales, ni mucho menos favorables para que dicha institución permita que 100 de sus hombres se dediquen a controlar el tránsito en Bucaramanga”, dijo el General Naranjo al dejar sin piso el Convenio firmado por el Director de Tránsito, Tomás Vargas Mantilla y el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Brigadier General Yesid Vásquez Prada.

La solución viable para un mayor control del tránsito en Bucaramanga, es la ampliación del cuerpo uniformado de la Dirección de Tránsito, que hoy es poco (sólo 135 personas de las que sólo 82 trabajan en las calles) y no dan a vasto ante la gran cantidad de automotores que circulan en la ciudad y la entrada a circulación del sistema de transporte masivo Metrolínea.

Entre enero y junio del año en curso fueron matriculados en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, 3480 nuevos automotores que hoy incrementan a 130 mil 952 vehículos el parque automotor rotante en Bucaramanga.   

Mientras tanto, la Policía deberá redoblar sus esfuerzos para el control de la delincuencia que en diciembre se incrementa en toda el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Así lo señala una encuesta adelantada por la Dirección de Tránsito

El 70 por ciento de los encuestados dijo haber sido víctima del llamado Pico y Placa que rige en Bucaramanga desde marzo del año 2006, cuando el entonces Alcalde, Honorio Galvis, lo implementó por la construcción del servicio masivo de transporte, Metrolínea.

Desde esa época, los propietarios y conductores de automotores se ven abocados a guardar sus vehículos por horas determinadas ante la amenaza de ser sancionados por la Dirección de Tránsito.

Sin embargo esa medida, además de ser represiva, pues condiciona la libre movilización y afecta el derecho laboral, entre otros derechos ciudadanos vulnerados, para nada ha servido pues de manera permanente, las vías públicas permanecen congestionadas por la carencia de medidas que sobre el terreno deben permitir que los automotores fluyan con mayor rapidez; la falta de alféreces es una de esas falencias que debe ser atendida por el Gobierno local.

LA ENCUESTA

Las preguntas a responder son: La implementación del Pico y Placa en la ciudad de Bucaramanga ¿lo ha perjudicado? ¿No ha tenido efecto sobre usted? ¿Lo ha beneficiado?

De 1480 respuestas, hasta el 12 de diciembre de 2009, 1038 personas (70.1%)  contestaron que han sido perjudicadas con la medida, 242 (16.4%) consideran que no ha sentido el efecto y sólo 200 personas (13.5%) piensan que han salido favorecidas.

¿CONTINUARÁ?

La pregunta que se hace la sociedad bumanguesa es: ¿El pico y placa continuará?, teniéndose en cuenta que la determinación fue adoptada por la construcción, en ese momento, de las obras que darían vida a Metrolínea.

La Resolución 123 de marzo 31 de 2006 que dio vida al Pico y Placa en Bucaramanga era clara al expresar que “con la construcción de las obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana denominado Metrolínea, se hizo necesario implementar un ‘Plan de manejo de tráfico’ que desviará considerables volúmenes vehiculares, desde las vías a intervenir hacia otras alternas con bajas capacidades vehiculares, originando congestión en la malla vial de la ciudad y afectando en alto grado la movilidad de la misma, con dificultad para el desplazamiento de sus habitantes desde y hacia sus sitios de trabajo y domicilios; aumentan los tiempos de desplazamiento y los costos de transporte, tanto del servicio particular como del público y disminuye la productividad de las empresas y del comercio en general”.

El transporte masivo en Bucaramanga se inaugura este 22 de diciembre, por lo que se espera que la congestión vial que generan los buses y taxis de servicio público disminuya y acabe con el Pico y Placa.

Además se espera que haya una considerable disminución de la contaminación ambiental que dejan a su paso los buses movidos con ACPM, pues las autoridades ambientales de Bucaramanga han sido inferiores a sus obligaciones y demuestran incapacidad para hacer cumplir las normas que sobre el particular existen en Colombia.

► En ninguna de sus intervenciones ante Justicia y Paz, el Jefe paramilitar ha manifestado su presencia en la campaña y posterior Gobierno de Édgard Cote Gravino, pese a que es de conocimiento de la Fiscalía.

Lo denunciado por varios medios de comunicación, nacionales y regionales, sobre la influencia que tenían los paramilitares en el pasado Gobierno de la capital petrolera de Colombia, no ha salido a flote en las declaraciones entregadas por Ivan Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, Jefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, a la Fiscalía de Justicia y Paz ni ante la Corte Suprema de Justicia.

El paramilitar se ha referido a la organización Asocipaz, (organización campesina que ejecutó varios paros campesinos en el Magdalena Medio) pero nada ha dicho de la organización de AMIPAZ (Asociación de Municipios Amigos por la Paz) cuyo Presidente era el entonces Alcalde de Barrancabermeja, Édgard Cote Gravino.

Las denuncias hechas por dirigentes políticos y medios de comunicación del Departamento de Santander, sostienen que Cote Gravino recibió apoyo paramilitar durante su campaña política; en esa época según el ex candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja, David Rabelo Crespo, los paramilitares quitaban sus afiches y ponían los de Cote Gravino en el nororiente de la ciudad; además se conoció en su momento, la entrega de una millonaria suma de dinero por parte de los paramilitares a la campaña de Cote, quince días antes de las elecciones, lo que fortaleció la actividad proselitista del entonces candidato del Polo Democrático Alternativo, partido que luego de confirmar los hechos, lo expulsó de su seno. El dinero llegó en cajas de cartón a traves de algunos dirigentes políticos de la ciudad.

De ASOCIPAZ ‘Ernesto Báez’ señaló ante la Corte Suprema de Justicia:  “Yo podría decir, aunque me queda imposible recordar tantos nombres, que toda la dirección de Asocipaz estuvo con nosotros, toda la dirigencia del sur de Bolívar estuvo comprometida”.

AMIPAZ: “DEL RESORTE DE LOS PARAMILITARES”

La llamada Asociación de Municipios Amigos por la Paz, AMIPAZ, nació en una reunión de Alcaldes, convocada por los paramilitares en la sala de conferencias de una Caja de Compensación Familiar de Montería y se materializó en Cartagena en los últimos meses del año 2004; en esa oportunidad fue nombrado como Presidente de tal organización el entoces Alcalde de Barrancabermeja, Édgard Cote Gravino, a quien le denunciaban tener en su Gabinete, como Secretarios de Despacho, a por lo menos tres representantes directos de los paramilitares.

El sacerdote jesuita Francisco De Roux, hoy máximo representante de esa comunidad en Colombia, en su momento denunció que AMIPAZ era una organización “del resorte de los paramilitares” incluso había asistido engañado a una de las reuniones de conformación.

Por su parte el periodista Alfredo Serrano Zabala, en uno de sus libros también hace alusión a la organización de AMIPAZ, pues estuvo en la reunión convocada en un hotel de Montería y en el Corregimiento Santafé Ralito, donde ‘Ernesto Báez’ dijo que “el Alcalde de Barranca soy yo”.

De igual manera el paramilitar alias ‘Don Berna’ en entrevista concedida al periódico El Espectador ratificó que entre las ciudades donde habían impuesto Alcalde en las elecciones de 2003 estaba Barrancabermeja.

El mismo funcionario, Édgard Cote Gravino, fue escogido como representante de los Alcaldes en la Junta Directiva de Cormagdalena; sobre el particular el periodista Alfredo Serrano Zabala, en ese entonces Jefe de Prensa de esa Corporación Regional, dijo que la presencia de Cote Gravino en esa Junta Directiva fue otra orden de alias ‘Ernesto Báez’, pues según consenso entre los Alcaldes presentes, quien debía haber sido escogido para ese cargo era el Alcalde de San Pablo (sur del Departamento de Bolívar).

La vinculación de Barrancabermeja a AMIPAZ fue autorizada por el Concejo el 31 de diciembre de 2004, por iniciativa del ex alcalde Edgard Cote Gravino.

De acuerdo con fuentes documentales, AMIPAZ se sostenía con el aporte económico de por lo menos 300 municipalidades, las cuales debían destinar cada año la suma de $8’800.000. Un año después de su fundación, el ex director del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Francisco de Roux, alertó sobre la gestión directa de las Autodefensas en dicha asociación.

Según la revista Gente, “Barrancabermeja hacía parte de Amipaz desde el año 2004 cuando el entonces Concejal Daniel Patiño Mancilla, siendo Presidente del Concejo, viajó a Santa Fe de Ralito en representación de su jefe Édgard Cote Gravino, con el fin de escuchar la propuesta de los ‘paras’ y acatar sus órdenes para conformar su nueva agrupación”.

Por su parte la columnista de la revista Semana, Claudia López, escribió el 27 de febrero de 2006: “Entre Isaza (Ramón) y Báez (Ernesto) conformaron una Asociación de 120 alcaldes, Amipaz, para que defiendan el legado y el futuro del proyecto político paramilitar, el de la justificación del uso privado y patrimonialista de la violencia”.

EX ALCALDES COMPROMETIDOS

Según los Estatutos que dieron vida a AMIPAZ, fueron 36 los Alcaldes del periodo 2004-2007 que crearon a esa organización, los que a continuación se relacionan:
Barrancabermeja (Santander): Édgard Cote Gravino.
Zaragoza (Antioquia): Ana B. Monroy de Luan.
Tolú Viejo (Sucre): Miguel Carrascal
Puerto Boyacá (Boyacá): Luís E. Álvarez A.
Magüipayan (Nariño):Domingo Edgardo Quiñónez
Pedraza (Magdalena): Néstor Vega Ospino
Concordia (Magdalena): Aníbal B. Castro
El Banco (Magdalena): Matías Oliveros
Valle del Guamuez (Putumayo): Fabio Arturo Paz
Tarazá (Antioquia): Reinaldo A. Posso
Plato (Magdalena): Donaldo E. Del Toro
Ariguaní (Magdalena): Rúgero Alfredo Castilla
Cerro de San Antonio (Magdalena): Martha del Socorro Fernández
Remolino (Magdalena): Carmen Josefina Castañeda
Puerto Nare (Antioquia): Robinson Alberto Restrepo
Puerto Berrío (Antioquia): Henry Alfonso Escobar
Gamarra (Cesar): Alfonso Abuabara N.
Tame (Arauca): Alfredo Guzmán
Puerto Rondón (Arauca): Edgar Eliécer Riaño C.
Puerto Wilches (Santander): Zandalio Durán Rojas
Sabana de Torres: Carlos E. Chacón
La Gloria (Cesar): Francisco Navarro
Algarrobo (Magdalena): José A. Isaza Torres
San Zenón (Magdalena): Jaime Martínez Martínez
Zapayán (Magdalena): Felson Acuña Rueda
Sitio Nuevo (Magdalena): Humberto J. Martínez Charris
Chivolo (Magdalena): José Lozano Andrade
Salamina (Magdalena): Adolfo Mario Celedón Pabón
Sabana San Ángel (Magdalena): Etiel Flores Postelado
Fundación (Magdalena): Iván de León Villa
Altos del Rosario (Bolívar): Francísco Zudalute Rodríguez
Barranco de Loba (Bolívar): Víctor Vásquez Cossio
Mompox (Bolívar): Marco Tulio Eljadue
Astrea (Cesar): Jaime Sajonero Payares
El Paso (Cesar): José David Ortíz
Caucasia (Antioquia): Juan Carlos Garcés  Estrada