El Gobierno del periodista Juan Manuel Santos les suspendió los Avanteles a sus colegas amenazados de muerte para entregárselos a los Congresistas que no tienen ningún control para despilfarrar los recursos del Estado.

El más reciente caso de desproporción gubernamental para el cuidado de la vida de los colombianos, la acaba de dar el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, que a través de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, les quitó los equipos de comunicación, de gama media, entregados un buen número de periodistas amenazados de muerte, pero es complaciente con los Congresistas a los que les entregó Avanteles de gama alta para que hagan política por todo el país.

La desconcertante medida ejecutada por el Director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar Pachón, deja huérfano de protección y pone en peligro la vida de los comunicadores que por trabajo de investigación y denuncia se han visto abocados a recibir amenazas de muerte, cambiar de ciudad y hasta salir del país, para evitar ser acribillados por los enemigos momentáneos.

El argumento que esgrime Villamizar Pachón (antiguo Edil de Bogotá) para atentar contra la seguridad de los periodistas amenazados en Colombia, es una serie de Leyes y el Decreto 4912 de 2011, que hablan de la obligación que tiene el Gobierno de realizar estudios de niveles de riesgo a la persona amenazado, estudios de riesgos que no son cumplidos por el Ministerio del Interior para reactivar o suspender las medidas precautelativas de seguridad, con lo que deja sola, a merced de sus enemigos, a quienes hoy viven amenazados en Colombia.

Además, el Director de la Unidad Nacional de Protección ha suspendido las medidas de protección a los periodistas sin consultar ni ser autorizado, como dice la norma, por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas -Cerrem-, el que puede autorizar la suspención "por el uso indebido de las medidas asignadas y, a solicitud del protegido".  

AVANTELES PARA CONGRESISTAS

Pero mientras la llamada Unidad Nacional de Protección les quita los medios de comunicación de gama media a los periodistas amenazados, les entregas Avanteles de alta gama a los Congresistas, que no tienen medida para su utilización, tal como lo han denunciados los medios nacionales.

Radio Caracol, una cadena radial colombiana, denunció en su página Web, el despilfarro del que es objeto el presupuesto nacional. La información indica que “los Senadores también gastan buen dinero del erario hablando por teléfono. Las facturas pagadas en enero tanto por servicios Avantel como celulares y de telefonía fija llegaron a casi 475 millones de pesos. Es decir que, haciendo un promedio, cada uno de los 102 senadores gastaron más de 4 millones 600 mil pesos hablando por teléfono en el último mes”.

Mientras a los periodista les permitían solo hasta $19 mil para el uso comercial de los Avanteles al mes, los Congresistas tienen gasto indeterminado de llamada, lo que es considerado como un desangre a los impuestos que cancelan los colombianos.

EL PELIGRO DE SER PERIODISTA

El Gobierno colombiano no es consiente del peligro que representa en este país, ser periodista. Una fría estadística publicada por la Fundación para la Libertad de Prensa indica que en Colombia desde el año 2000 a la fecha, han sido asesinados 45 periodistas (entre ellos 4 en Santander), y en los últimos 8 años 449 periodistas fueron amenazados y otros 28 se vieron obligados a salir del país. El año pasado (2011) fue asesinado un periodista, otros 92 recibieron  amenazas, a raíz de su trabajo.

Este triste panorama para el periodismo de Colombia, es poco importante para el Gobierno nacional dirigido, de manera paradójica, por un periodista (Juan Manuel Santos), quien tiene desprotegido a su gremio, mientras les da todas las facilidades a los Congresistas para que usufructúen las propiedades del Estado, desde carros blindados hasta celulares y Avanteles de alta gama, todo a costas del pueblo que paga sus impuestos. Hasta el momento ninguna organización de periodistas en Colombia se ha pronunciado sobre este atropello oficial contra la libertad de expresión.